Darias: “El Gobierno de España aleja la justicia de los
ciudadanos”
Así lo ha manifestado la portavoz socialista en el
Cabildo de Gran Canaria, Carolina Darias, a propósito de la Propuesta de texto
articulado de la Ley
de Demarcación y de Planta Judicial y de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, que supone “un severo riesgo para la pervivencia del servicio
público de la Justicia ,
especialmente en el medio rural, pero afectando también al ámbito urbano”, ya
que la demarcación pasa a ser provincial para los Tribunales de Instancia,
salvo en Madrid y Barcelona
“Es una iniciativa que no soluciona ninguna de las
necesidades territoriales, porque no clarifica competencias, no evita las
duplicidades, no simplifica la estructura de la administración y, sobre todo,
no resuelve los intereses de los ciudadanos que viven en el medio rural”,
asevera Darias
Por
todo ello, el PSOE en el Cabildo de Gran Canaria defenderá este viernes en el
Pleno una moción para pedir al Gobierno de la isla que inste al Gobierno de
España a desestimar y no llevarse a efecto las propuestas de esta reforma
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de octubre. El PSOE en el Cabildo de Gran Canaria defenderá este viernes en el Pleno
una moción para pedir al Gobierno de la Isla que inste al Gobierno de España a
desestimar y no llevar a efecto las propuestas de reforma de la Ley de Demarcación y Planta
Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial hecha pública en la página web
del Ministerio de Justicia. Asimismo, le propone presentar una nueva propuesta
de reforma en la que en su elaboración y contenido se contemple el hecho
insular y que se tengan en cuenta las distintas competencias que concurren, así
como la opinión de las comunidades autónomas, tal y como expresa la Constitución Española
y el art 35 de la LOPJ.
Los socialistas
solicitarán también que se mantenga la demarcación y planta vinculada a los
territorios, con partidos judiciales como estructura territorial de los
Tribunales de Instancia, manteniendo de esta forma los partidos judiciales y
suprimiendo que su ámbito territorial sea provincial, dejando sin efecto la
recentralización que lleva a cabo en las capitales de provincia.
Asimismo,
consideran que deben mantenerse las Audiencias Provinciales y los Juzgados de
Paz para evitar el alejamiento y la concentración de la administración de
justicia tan contraria a los intereses de los ciudadanos, y buscando el
consenso en las nuevas demarcaciones, como pueden ser los tribunales de base o
primer grado.
Por último, creen
que deben implantarse los Tribunales de Instancia simultáneamente con el pleno
despliegue de la nueva oficina judicial, con el fin de garantizar el completo
desarrollo de los servicios comunes procesales y agilizar la justicia,
mejorando el servicio público.
La portavoz socialista en el
Cabildo, Carolina Darias, recuerda que el Ministro afirmó, el pasado 9 de julio en Valladolid,
que no se suprimirá ninguna sede judicial en España pero, de llevarse a cabo la
propuesta publicada, esta afirmación no sería cierta porque de su lectura se
extrae que la “implantación del nuevo modelo condiciona el gasto que las
Administraciones Públicas puedan realizar en mejora de los medios materiales al
servicio de la
Administración de Justicia, siendo así que aquel deberá
localizarse en los edificios e instalaciones que han de albergar las sedes
reflejadas en la presente Ley y solamente en ellas”, que estarán sólo radicadas
en las capitales de provincia.
“Centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos, como
hace la propuesta, es radicalmente contrario a la facilitación de la tutela
judicial”, asevera Darias, quien
defiende el principio de cercanía de los servicios públicos, entre ellos la Administración de
Justicia, a los ciudadanos, debiendo explorarse las potencialidades del sistema
existente, que las tiene, y su reforma, pero no bajo la premisa de la
desaparición de los partidos judiciales y las Audiencias Provinciales.
Por tanto, la propuesta supone “un severo riesgo” para la
pervivencia del servicio público de la Justicia , especialmente en el medio rural, pero
afectando también al ámbito urbano, pues la demarcación pasa a ser provincial
para los Tribunales de Instancia, salvo en Madrid y Barcelona. La propuesta de
las Leyes de Demarcación y Planta y Orgánica del Poder Judicial conlleva la
desaparición de los partidos judiciales rurales amenazados de supresión o de
una pérdida de funciones tal que los convertiría en poco más que sedes
administrativas.
Para Canarias supone “un cambio radical” en la
organización jurisdiccional, pues se pretende su aplicación sin tener en cuenta,
nada más ni nada menos que a la
Isla , el hecho insular, y supone la desaparición de los
partidos judiciales de Gran Canaria. “Es una iniciativa que no soluciona
ninguna de las necesidades territoriales, porque no clarifica competencias, no
evita las duplicidades, no simplifica la estructura de la administración y,
sobre todo, no resuelve los intereses de los ciudadanos que viven en el medio
rural”, aclaró.
Carolina Darias considera que cualquier propuesta que se
formule, para merecer una mínima consideración, tiene que tener en cuenta,
además de las competencias de otras administraciones en la materia, aspectos
demográficos, de redes de comunicación, de tipología de la litigiosidad
existente en cada zona, del carácter rural, urbano o turístico de la zona, etc.
y que, en base a un estudio de los mismos, llegase a conclusiones de dotación
debidamente razonadas y articuladas.
