EL PSC-PSOE DE GRAN CANARIA ALERTA A LA CIUDADANÍA DE
LA PÉRDIDA DE LOS DERECHOS SOCIALES CON LA NUEVA LEY DE BASES DEL PARTIDO
POPULAR
El PSC-PSOE de la isla rechaza en bloque la Ley de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local porque aleja a los ciudadanos de la
solución de los problemas
Los portavoces y secretarios
locales de todas las Agrupaciones del PSC-PSOE de Gran Canaria, encabezados por
su secretario general en Gran Canaria y alcalde de Arucas, Ángel Víctor Torres, han mostrado su rotundo
rechazo a la nueva Ley de Sostenibilidad para las Administraciones Locales que
el Partido Popular ha llevado al Congreso de los Diputados. “Esta Ley
reduce derechos, aleja a los ciudadanos, los empobrece y les retira logros
históricos como los Servicios Sociales o la Educación”.
En la rueda de prensa que tuvo un
carácter excepcional acompañaron al secretario insular los secretarios
generales de las agrupaciones socialistas de Gran Canaria Rubén Díaz (sec.
gral. De la Vega de San Mateo), José Antonio Godoy (sec. gral. de S. Bartolomé
de Tirajana), Vanesa Cabrera (sec. gral. de Teror), Juan Díaz (sec. gral.
Ingenio), Víctor Navarro (sec. gral. de Valsequillo), Manuel López (sec. gral.
de Arucas), Samuel Santiago (sec. gral. de Firgas), Juan Ramón Martín (sec.
gral. de Agaete), Saúl Álamo (sec. gral. de Sta. María de Guía), Cristóbal
Rodríguez (sec. gral. de Gáldar), Pino
González (sec. gral. de Mogán), Lucas
Tejera (sec. gral. de Sta. Brígida), Norberto
Pérez (sec. gral. de Valleseco), Nina Rodríguez (sec. gral. de Agüimes) Tomás
Pérez (portavoz municipal en La Aldea), Encarna Galván (vicesecretaria gral. de
Las Palmas de Gran Canaria), Roberto García (portavoz municipal en
Artenara), Daniel Ponce (portavoz en
Moya) y Juan Marrero (sec. organización de Telde). Todo el partido a través de
sus máximos representantes locales se manifestó en dicha rueda de prensa.
Además esta Ley –según el
secretario insular- “tiene el gesto hipócrita de reflejar el
reconocimiento a los ayuntamientos de competencias como suministro de agua,
asfaltado, recogida y tratamiento de residuos para a continuación poner a los
municipios de menos de 20.000 habitantes a merced del Cabildo, pasándole tales
competencias a la institución insular. Es una tergiversación burda de la
democracia”. “Los ciudadanos votarán a alcaldes y concejales para que otros,
desde fuera gestionen sus recursos”.
Ángel Víctor Torres señaló que “hemos
ido a peor, borrador a borrador. Además con esta Ley aspectos claves de
cohesión y justicia social desaparecen del ámbito municipal. Cuestiones como las políticas de igualdad,
las escuelas infantiles, las actividades extraescolares o la protección del
medio ambiente ya no estarán en manos de los ayuntamientos, es decir, decidirán
otros si esas necesidades se cubren o no. Por tanto, los ciudadanos no podrán tocar
en la puerta de los ayuntamientos para resolver esos problemas”.
Del mismo modo, el secretario
insular insistió en que “la mejor enmienda que puede tener esta Ley es la
de su retirada”. “Esta
Ley no ahorra (hay ayuntamientos donde alcaldes y concejales podrán cobrar más)
y no crea empleo (se perderán muchos empleos públicos) y además es inaceptable
que los servicios sociales no estén en manos de los ayuntamientos que es a
donde se dirigen los ciudadanos”.
Además del secretario insular,
Ángel Víctor Torres, intervinieron representantes de distintos municipios. Entre
ellos Tomás Pérez, exalcalde de La Aldea que puso de manifiesto que “alejar
los servicios de los ciudadanos es todavía dejar más lejos al municipio de La
Aldea de sus soluciones”. También
Vanesa Cabrera, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Teror
manifestó que “con esta Ley los centros ocupacionales, los centros de
día, la ayuda a domicilio que hoy prestamos los ayuntamientos están en serios
problemas de desaparecer”.
Juan Díaz, exalcalde de Ingenio en su intervención señaló que “esta
propuesta es tan mala que ni siquiera la FECAM, donde se encuentran
representados todos los partidos políticos, incluido el PP, la acepta y la ha enmendado”.
Encarna Galván, vicesecretaria General de la Agrupación de Las Palmas de
Gran Canaria afirmó que “si esta ley camina, que esperemos que no, el
Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Presidencia se ha
comprometido a buscar soluciones para que los ayuntamientos puedan seguir
desempeñando la labor social que ahora tienen”. Y Pino González,
secretaria general de Mogán concluyó que “los servicios sociales de los
ayuntamientos son la cara amable del drama que están viviendo muchas personas
en nuestros municipios, y no podemos permitir que se cuelgue el cartel de
cerrado porque le estaríamos negando la única ayuda que les queda”. También
Cristóbal Rodríguez, secretario general de Gáldar, afirmó que el PP “pretende
sustraer a la ciudadanía lo que se ha conseguido durante años”. Y
Alejandro Ramos, secretario general de Telde concluyó que “en Telde en
Telde parece que el PP ha adelantado su propuesta ideológica y un ejemplo claro
son los ERE de las Escuelas Infantiles”
