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El Cabildo no está sancionando las
infracciones medioambientales
El Servicio de Medio Ambiente del
Cabildo de Gran Canaria ha dejado de sancionar a los infractores
medioambientales a la espera de un informe jurídico que nunca llega, provocando
la caducidad del procedimiento
“El PP en el Cabildo tenía que haber
seguido multando a los infractores como venía haciendo y, cuando llegara el
mencionado informe, modificar el procedimiento, sustituyendo la multa por la
reparación del daño causado. Lo que no se puede hacer es paralizar todos los
procedimientos en marcha y provocar la caducidad de todos y cada uno de ellos,
con el prejuicio que ello supone para el patrimonio natural de nuestra Isla”,
aseveró Hidalgo
“La Consejera no puede aplazar sine díe las sanciones, incumpliendo la
normativa estatal y autonómica en esta materia por destrucción de medio
natural”, asevera el viceportavoz
socialista en el Cabildo grancanario, Augusto Hidalgo
“Lo que resulta asombroso es que una
actuación burocrática, ajena al sentido común, esté dejando impunes actuaciones
contrarias a la conservación del entorno natural de nuestra isla”, continuó
Hidalgo
21/05/2014. El PP en el
Cabildo de Gran Canaria no está sancionando las infracciones medioambientales.
Así lo afirma el PSOE en el Cabildo de Gran Canaria, ya que tiene constancia de
que el Servicio de Medio Ambiente de la Corporación insular ha dejado de
sancionar a los infractores medioambientales por esperar un informe jurídico
que nunca llega, provocando la caducidad del procedimiento.
EL viceportavoz socialista explica que en 2014, el
Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria cambió el procedimiento
de tramitación de las infracciones medioambientales. Antes, cuando un/a
ciudadano/a cometía una infracción por destruir un entorno protegido lo
habitual era que se iniciara el procedimiento sancionador que concluía con la
imposición de la pertinente multa. Ahora se ha incluido un precepto, que ya
establecía la ley, que consiste no sólo
en imponer la sanción económica, sino que obliga al causante del daño a
repararlo.
Sin embargo, el Servicio ha empezado a tramitar estos
expedientes, estableciendo la cuantía de la multa, determinando los trabajos
precisos para la restauración medioambiental y, acto seguido, solicitando a los
Servicios Jurídicos del Cabildo si los trabajos de reparación se ajustan a
derecho. Lo que ha sucedido es que al superarse los seis meses de plazo máximo
que no puede superar la sanción sin ser notificada al infractor, éstos están
caducando.
El viceportavoz del Grupo Socialista en el Cabildo,
Augusto Hidalgo, se interesó por este asunto en la pasada Comisión de Pleno de
Medio Ambiente. “Como respuesta, la Consejera de Medio Ambiente argumentó que
estamos ante un intento, por parte de la Consejería, de sustituir las sanciones
económicas por las reparaciones del daño en la zona específica de Juncalillo
del Sur. Fue ahí donde pudimos saber que el problema lo ha ocasionado un
informe solicitado al Servicio Jurídico para establecer un convenio que dé
cobertura a ese cambio en los trámites sancionadores, informe por el que se
llevas esperando un año. Eso es lo que está provocando la caducidad de los
procedimientos”, critica Augusto Hidalgo.
“Resulta curioso que el Gobierno insular quiera cambiar
el procedimiento sancionador y que, por falta de previsión, caducan los
procedimientos a la espera de los informes.
Lo que tenía que haber hecho el PP en el Cabildo es seguir tramitando los
procedimientos como hasta la fecha y, una vez vistos los informes que den
cobertura a una supuesta modificación, ésta se produzca. No se pueden paralizar
todos los procedimientos en marcha y provocar la caducidad de todos y cada uno
de ellos, con el prejuicio que ello supone para el patrimonio natural de
nuestra Isla”, aseveró Hidalgo.
Además, destacó que “no entendemos por qué se produce
esto específicamente en Juncalillo del Sur y no en otros entornos naturales
protegidos de la Isla. Pero lo que sí hemos observado es que, desde que comenzó
el año, están caducando multitud de expedientes de sanción por infracciones
medioambientales, por diversos motivos, que no tienen que ver con esta causa y
en otras zonas”.
“La Consejera no puede aplazar sine díe las sanciones con caducidades a la espera del informe. El
Gobierno debe cumplir la normativa estatal y autonómica en esta materia por
destrucción de medio natural”, afirma Augusto Hidalgo.
“Lo que resulta asombroso es que una actuación
burocrática, ajena al sentido común, esté dejando impunes actuaciones
contrarias a la conservación del entorno natural de nuestra isla”, continuó
Hidalgo.
“Una situación como ésta debe ser advertida por el
responsable político y resuelta. Una consejera no puede limitarse a firmar las
resoluciones que los funcionarios le ponen sobre la mesa. Debe actuar en
impedir un problema que afecta a las arcas públicas, al patrimonio natural de
la isla y que hace un año no existía. A no ser que fuera la propia Consejera la
responsable de este desaguisado”, concluyó Hidalgo.
