El PSOE ve una
oportunidad para la recuperación y la creación de empleo en la ley de
inversiones estratégicas
Emilio
Mayoral lamenta que el PP se muestre nuevamente incapaz de plantear una
alternativa al texto remitido por el Gobierno
Canarias,
24 de septiembre de 2014.-
El diputado socialista Emilio Mayoral afirmó este miércoles
que el proyecto de ley sobre tramitación preferente de inversiones estratégicas
para Canarias es una oportunidad para afianzar
la recuperación económica en las Islas y, por tanto, acelerar la creación de
empleo. En el debate de primera lectura del texto, recordó que de lo que se
trata es de atraer inversión privada para el desarrollo de proyectos
empresariales en el Archipiélago, manteniendo inalterable el actual marco
regulatorio material aplicable.
Tras
rechazar que esta ley dé pie a que el Gobierno apruebe proyectos empresariales
obviando la normativa vigente, subrayó que en su articulado se contemplan
cuestiones como que la inversión
deberá resultar viable desde el punto de vista jurídico, económico y
financiero, debiéndose justificar adecuadamente tales extremos por sus
promotores. “Así, no se pretende crear un ordenamiento jurídico paralelo
para autorizar unos proyectos y denegar otros, porque todos deberán reunir los
requisitos legales para su aprobación”, expuso el parlamentario, quien hizo
hincapié en que no se modifica en nada la regulación aplicable a los proyectos
ni se afecta en nada a la autonomía del resto de administraciones.
Por otra parte, retó
a quienes aseguran que el Gobierno de Canarias se dedica a invadir competencias
de otras administraciones a que citen el artículo donde diga que el Ejecutivo
regional puede autorizar estos proyectos. “Los proyectos los van a seguir
autorizando las mismas administraciones de siempre, en unos casos los cabildos,
en otros los ayuntamientos y en otros el Gobierno de Canarias”, aclaró.
Mayoral lamentó la
ausencia de alternativa del PP en la presentación de una enmienda a la
totalidad. “Vuelven a hablar de exceso de regulación y burocracia
administrativa que, a su entender, lastran la recuperación y la libertad de
empresa, y nuevamente se muestran completamente incapaces de plantear una
alternativa al texto remitido por el Gobierno”, señaló el diputado, y remarcó
que el proyecto de ley “no es, como dice el PP, el reconocimiento del fracaso
del Gobierno para resolver los problemas que ha generado, sino el reconocimiento
de que queda tarea por hacer”.
En
esta línea, dijo que si hay algo que trata de primar este proyecto por encima de
cualquier otro elemento de juicio es el interés general, al tiempo que aseguró
que, de imponer algo el Gobierno canario al resto de administraciones, “será
únicamente una reducción de plazos a la mitad, simple y llanamente”. Subrayó
que la iniciativa no avala ninguna imposición de planeamiento territorial ni
urbanístico, no avala ningún cambio competencial en la concesión de licencias,
como no avala ningún tratamiento jurídico singular sobre el objeto de los
permisos que se pidan. “Por no afectar, no afecta ni a la capacidad de los cabildos
y ayuntamientos de reducir a la mitad los plazos sin necesidad de obtener la
calificación de estratégica”, concluyó el diputado.
