El grupo de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria ha rechazado en el Pleno del pasado 28 de marzo -con 12 a favor y 16 en contra- una moción del PSOE para pedir a la institución insular que cree una comisión del pleno especial para analizar las consecuencias de la reforma local del PP en esta Corporación, una decisión que la portavoz socialista, Carolina Darias, ha lamentado. "Estamos hablando de efectos en la prestación de servicios no sólo en los ayuntamientos y en este propio Cabildo. Es muy oportuno crear esta comisión", aseveró Darias, quien criticó que "ni una sola vez se ha debatido sobre este asunto en el Cabildo de Gran Canaria, y es un tema que debería traer el propio grupo de gobierno. Es u tema que afecta a más de dos millones de ciudadanos que viven n esta tierra. Pero ustedes no lo quieren ver".
Adjunto la moción donde se detalla la petición del PSOE en el Cabildo. La portavoz socialista ya había comentado sobre este asunto que la decisión del PP supondría el fin o el jaque mate para muchos de los servicios que dan las instituciones locales.
“El PP ha aprobado esta ley en contra de todas las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados, y en contra de la mayoría de alcaldes y alcaldesas de este país, incluyendo también los de Gran Canaria. Estamos ante una Ley que invade la autonomía local de las corporaciones locales, y que impone a las Comunidades Autónomas competencias para las cuales no tienen financiación, y que supondrá el fin para muchos de los servicios que están prestando los ayuntamientos hoy en día”, explica la portavoz socialista, Carolina Darias.
La portavoz socialista explicó que la puesta en marcha de esta Ley “está suponiendo ya muchas dudas e incertidumbres, y muchos servicios que prestan los ayuntamientos que se pueden ver afectados. El Cabildo de Gran Canaria también se ve afectado en cuanto a corporación local que es, y ante la envergadura de las modificaciones y ante la complejidad que entraña esta Ley creemos que el Cabildo debe crear una comisión especial de pleno para estudiar las consecuencias de esta Ley en el Cabildo y a ser posible, en los municipios de Gran Canaria”.
El Grupo del PSC-PSOE del Cabildo de Gran Canaria, a tenor de
la legalidad vigente, eleva a la consideración del Pleno de la Corporación la
siguiente
MOCIÓN
PARA EL ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS
DE LA APROBACIÓN DE
LA LEY 27/2013,
DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS
Es esta una Ley que ha sido aprobada
por el Partido Popular en contra no
sólo de todos los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados, sino
de la mayoría de los alcaldes y alcaldesas de España, incluyendo a los propios
alcaldes y alcaldesas del Partido Popular.
Es una Ley
que desoye incluso el dictamen del Consejo de Estado, un informe en el que el
Consejo le dice al Gobierno que no justifica el ahorro que dice que se va a
producir con los cambios de estructura y que tampoco acredita que la prestación
de servicios por otras entidades vaya a realizarse con menor coste del que
tiene ahora prestándose por el ayuntamiento. A su vez, le recomienda que revise en profundidad el texto, para darle la coherencia y el rigor del que
carece en lo referente a las competencias
y a la racionalización de
la estructura organizativa local.
Evidentemente, el Partido Popular no lo hizo.
Esta Ley invade la autonomía local, no
clarifica competencias ni evita duplicidades, ni simplifica la estructura de la Administración local, ni resuelve los problemas
de financiación que tienen los ayuntamientos.
Será también
la Corporación
insular la que decida si presta ella
misma esos servicios o establece una gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas, dejando así la puerta abierta a su privatización y a la
consiguiente pérdida de empleo público.
Por otra
parte, la reforma impuesta por el Gobierno del Partido Popular establece que, en el plazo de un año, la titularidad
de las competencias propias de los
municipios en lo relativo a la prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social pasarán a corresponder, sin asignar
financiación para ello, a las Comunidades Autónomas, que “podrán establecer
a partir de ese momento las medidas que consideren
necesarias para la racionalización
del servicio”. Un cheque en blanco que puede traducirse en recortes sociales y
privatizaciones.
La entrada en
vigor de las determinaciones que esta Ley dispone, la amplitud y entidad de
estas modificaciones y la complejidad y complementariedad de las medidas a
adoptar para su efectiva aplicación implican una coordinación extraordinaria entre
las administraciones concernidas, municipales, insulares y autonómicas y, a tal
fin, vienen sucediéndose reuniones entre representaciones de la Federación Canariala Federación Canaria
Es por todo ello que el Grupo del PSC-PSOE propone al Pleno
de esta Corporación la adopción del siguiente
ACUERDO
En virtud de
lo dispuesto en los artículos 52 y concordantes del Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Pleno y sus Comisiones, crear una Comisión Especial del
Pleno al objeto de estudiar y emitir dictámenes, informes, propuestas y
actuaciones relativas a la aplicación por el Cabildo de Gran Canaria de las
disposiciones de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de
marzo de 2014
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