EL PSOE MUESTRA SU PREOCUPACIÓN SOBRE
EL FUTURO DEL VERTEDERO DE JUAN GRANDE
El PSOE en el Cabildo de Gran Canaria se
muestra preocupado ante el hecho de que el próximo 21 de mayo de 2014 finaliza el contrato con
URBASER SA para la explotación del Complejo Medioambiental de Juan Grande, en
el Municipio de San Bartolomé de Tirajana, y al Gobierno insular sólo le quedan
dos opciones: “o prorrogar y continuar una ilegalidad, con las consecuencias que
de ello se deriven; o cerrar definitivamente el vertedero (hasta el
levantamiento de la suspensión judicial del nuevo contrato) y la derivación de
todos los residuos al Complejo de Salto del Negro, que hoy sí se encontraría en
condiciones de cumplir la legalidad”
Los socialistas del Cabildo de Gran Canaria solicitarán
en la próxima Comisión de Pleno de Medio Ambiente, el martes 15 de abril, que
el Gobierno Insular defina cuál es la estrategia que va a seguir sobre esta
cuestión y preguntará al Gobierno de la Isla si ha diseñado un plan de
contingencia
08/04/2014. El PSOE en el Cabildo de Gran Canaria
muestra su preocupación ante el hecho de que el próximo 21 de mayo de 2014
finalice el contrato en vigor con URBASER SA para la explotación del Complejo Medioambiental
de Juan Grande, en el Municipio de San Bartolomé de Tirajana. Esta fecha era el
límite para el traspaso del Complejo a la nueva concesionaria, la UTE
CESPA-AYAGAURES. Sin embargo, la adjudicación de este contrato está suspendida
por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 22 de febrero de
2013. En estos momentos, sólo existen dos posibilidades: o bien que se cierre
el Vertedero de Juan Grande, con las consecuencias que ello lleve aparejadas; o
bien que prorrogue el contrato y, por tanto, se siga vertiendo en este
vertedero de manera ilegal.
Ante la incertidumbre y la aproximación de la fecha tope
para la toma de decisiones, los socialistas del Cabildo Insular solicitarán en
la próxima reunión de la Comisión de Pleno de Medio Ambiente, que tendrá lugar el
próximo martes 15 de abril, que el Gobierno Insular defina cual es la
estrategia que va a seguir en esta cuestión. “El asunto no es baladí. Si la
opción que está barajando el Gobierno de la Isla es la de prorrogar el contrato
con la actual concesionaria de Juan Grande, estaríamos ante la continuidad de
una ilegalidad, de la que ha sido advertido por la Comisión Europea el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”. Tal es así, –indica
Hidalgo- que en marzo de 2013 el Ministerio instó al Cabildo a establecer un
plan, con plazos, para la definitiva clausura del vertedero, en cumplimiento de
la Directiva 1999/31 CE.
Por tanto, explica Hidalgo que si no se pronuncia antes
el TSJC, y lo hace autorizando la entrada de la nueva concesionaria, el 21 de
mayo el Cabildo sólo tendrá dos opciones: “o prorrogar y continuar una
ilegalidad, con las consecuencias que de ello se deriven; o cerrar
definitivamente el vertedero (hasta el levantamiento de la suspensión judicial
del nuevo contrato) y la derivación de todos los residuos al Complejo de Salto
del Negro, que hoy sí se encontraría en condiciones de cumplir la legalidad”.
Esta situación ya fue advertida por los socialistas en el
pasado, cuando el Gobierno Insular paralizó un año los contratos de la
dirección de obra y de coordinación de seguridad y salud de los dos complejos
medioambientales de la isla. “En aquel momento, de no ser por la exigencia del
PSOE de que se llevaran a la Mesa de Contratación los concursos reseñados, hoy
nos encontraríamos con los dos Complejos Medioambientales paralizados”, matiza
el viceportavoz socialista.
Por todo ello, y ante la gravedad de la situación, el
Viceportavoz del Grupo Socialista en el Cabildo, Augusto Hidalgo, comentó que
“pediremos a la Consejera que explique la situación, informando sobre las
gestiones realizadas frente al TSJC para hacerles ver la importancia que para
la salud y el medio ambiente tiene que se pronuncien ya sobre el incidente de
nulidad presentado por el Cabildo”.
De igual forma, preguntará si el Cabildo ha diseñado un
plan de contingencia sobre la situación que se va a producir el 21 de mayo, “que
debe incluir, necesariamente, la transparencia e información precisa a los
grupos de la oposición, a los alcaldes de los municipios y a los vecinos
afectados”. En este sentido, Hidalgo resaltó que “no se puede establecer un
operativo que puede tener unos costes y una posibles afecciones a los
ciudadanos sin la connivencia de todos lo implicados. Ya nos estamos
acostumbrando a cierta opacidad en esta materia. Y en la gestión de residuos la
máxima en todos los manuales parte de la mayor complicidad con la ciudadanía
posible. En este sentido, estaremos expectantes ante las actuaciones del
Gobierno,” apuntó.
Un
vertedero de suspenso en suspenso.
Se da la circunstancia de que el 20 de febrero de 2012,
por acuerdo unánime del Consejo de Gobierno, se procedió a adjudicar el
contrato administrativo a la nueva concesionaria. Éste quedó en suspenso, de
forma automática, por presentación de recurso administrativo especial por una
de las empresas licitadoras al concurso, hasta que se resolvió dicho recurso
contra los recurrentes. Ante ello, presentaron un recurso contencioso
administrativo, quedando de nuevo en suspenso.
Al pedir el Cabildo medidas cautelares que levantaran la
suspensión, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, dictó Auto de
levantamiento de la suspensión de la adjudicación del contrato el 22 de agosto
de 2012.
El 7 de septiembre de 2012 se firmó el contrato del
Cabildo con la nueva UTE. La licitadora que había recurrido apeló al TSJC
contra el Auto de primera instancia y la Sala le da la razón el 22 de febrero
de 2013, suspendiendo de nuevo el contrato.
Curiosamente, la misma Sala del TSJC, en las mismas
circunstancias, dicta sentencia contra los recurrentes en el caso del Complejo
de Salto del Negro. Como consecuencia de esto, si bien en Salto del Negro se
está procediendo al sellado y construcción del nuevo vaso de vertido
controlado, en Juan Grande sigue operando la antigua concesionaria vertiendo de
forma ilegal hasta que se concluya el contrato, esto es, el 21 de mayo próximo.
El Cabildo ha presentado un incidente de nulidad de
actuaciones ante esta resolución del TSJC, pero no se ha pronunciado aun el
Tribunal.
